De lunes a viernes, Dando Caña, programa de El Toro TV, vuelve para ser el azote a la política, el altavoz de las noticias que otros medios silencian y el espacio de debate que incomoda a las élites. Análisis, debate y actualidad en el programa que no se acobarda.
Mientras que las víctimas del accidente ferroviario de Urda continúan ingresadas, el Partido Socialista comienza su campaña electoral entre bailes. Además, Pedro Sánchez confirma tras dos accidentes que el sistema ferroviario en España es seguro, donde no ha dudado en señalar al PP como el culpable de los recortes. Además, en 'Dando Caña' conocemos la última hora sobre Renfe, donde el Consejo de Ministros ha cesado a su presidente para colocar al frente a Inmaculada Gutiérrez Castizo. Hoy en la mesa: Rodrigo Rato, Álvaro Ballarín, Josep Maria Francàs y Cristian Toro.
Hoy, en 'Dando Caña' analizamos la aprobación de los decretos de vivienda que comenzaron con el desahucio Maricarmen. Además, la juez Tardón ha imputado al ex delegado de Gobierno de Ceuta y lo llama a declarar antes de las elecciones. También descubrimos el balance de la huelga general fallida y cómo España se ha convertido en el sexto país de Europa que no puede afrontar gastos imprevistos. En la mesa de hoy: José Ramón Riera, Alejo Vidal-Quadras, Josep Maria Francàs, Miguel Ángel Durán.
Hoy está convocada la octava huelga general de la historia de nuestro país. La primera después de 14 años y la primera de Pedro Sánchez como presidente. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, la huelga ha sido un auténtico pinchazo. Por la mañana, los comercios han abierto y miles de trabajadores han acudido a su puesto de trabajo. O, por lo menos, lo han intentado. Los radicales de izquierda han cortado las calles y han obligado a la policía a cargar en zonas como la Gran Vía de Madrid. Analizamos esta jornada con Jordi de la Fuente, secretario general del sindicato Solidaridad. En la mesa de análisis de ‘Dando caña’ hoy nos acompañan Josep María Francàs, Luis del Pino e Ignacio Basco.
Mientras que las víctimas del accidente ferroviario de Urda continúan ingresadas, el Partido Socialista comienza su campaña electoral entre bailes. Además, Pedro Sánchez confirma tras dos accidentes que el sistema ferroviario en España es seguro, donde no ha dudado en señalar al PP como el culpable de los recortes. Además, en 'Dando Caña' conocemos la última hora sobre Renfe, donde el Consejo de Ministros ha cesado a su presidente para colocar al frente a Inmaculada Gutiérrez Castizo. Hoy en la mesa: Rodrigo Rato, Álvaro Ballarín, Josep Maria Francàs y Cristian Toro.
Hoy, en 'Dando Caña' analizamos la aprobación de los decretos de vivienda que comenzaron con el desahucio Maricarmen. Además, la juez Tardón ha imputado al ex delegado de Gobierno de Ceuta y lo llama a declarar antes de las elecciones. También descubrimos el balance de la huelga general fallida y cómo España se ha convertido en el sexto país de Europa que no puede afrontar gastos imprevistos. En la mesa de hoy: José Ramón Riera, Alejo Vidal-Quadras, Josep Maria Francàs, Miguel Ángel Durán.
Hoy está convocada la octava huelga general de la historia de nuestro país. La primera después de 14 años y la primera de Pedro Sánchez como presidente. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, la huelga ha sido un auténtico pinchazo. Por la mañana, los comercios han abierto y miles de trabajadores han acudido a su puesto de trabajo. O, por lo menos, lo han intentado. Los radicales de izquierda han cortado las calles y han obligado a la policía a cargar en zonas como la Gran Vía de Madrid. Analizamos esta jornada con Jordi de la Fuente, secretario general del sindicato Solidaridad. En la mesa de análisis de ‘Dando caña’ hoy nos acompañan Josep María Francàs, Luis del Pino e Ignacio Basco.
El Hierro continúa con la invasión migratoria donde en las últimas 5 semanas han pasado casi 8.000 inmigrantes a la Península. Además, el PSOE queda en evidencia en todas las encuestas, donde los hechos ocurridos en Urda se han visto reflejados, excepto en la encuesta realizada por 'La Séptima'. Por otro lado, conocemos cómo debe ser el kit de emergencia que Bruselas recomienda tener ante una posible crisis. En la mesa de 'Dando Caña': Miguel Robledo, Julio Ariza, Josep Maria Francàs, Arturo Moreno.
En 'Dando Caña' analizamos el perfil de los dos detenidos de la UCO que podrían estar inmersos de lleno en el 'caso Koldo', dos personas del entorno de Pedro Sánchez que sin embargo, él casualmente no reconoce. Además, debatimos sobre los últimos informes del accidente de Adamuz mientras que la Fiscalía Europea investiga un presunto fraude de los fondos de la UE destinados al mantenimiento y conversación del sistema ferroviario de España. En la mesa tenemos a: Álvaro Ballarín, Josep María Francàs y Enrique Galvet.
En 'Dando Caña' analizamos cómo ha dejado Óscar Puente el ministerio de Transportes desde el comienzo de su mandato en noviembre de 2023 hasta su dimisión. También conocemos todos los detalles sobre la detención de la UCO a seis personas que giran en torno al 'caso Koldo'; entre ellas la pareja de Ábalos y el exchofer de Pedro Sánchez. En la mesa del debate contamos con Ignacio Blasco, Luis del Pino, Josep María Francás y Roberto Marín.
La marcha de Puente no ha sido un movimiento preventivo ni de laboratorio; ha sido la consecuencia inevitable de una crisis insostenible. Seis días después de la tragedia de Urda, que se suma a la catástrofe ferroviaria de Adamuz, el ministro intentó justificar su renuncia bajo los parámetros de la "dignidad política, coherencia y empatía". Sin embargo, la tardanza del gesto, forzado tras comparecencias maratónicas y un aislamiento casi total, contrasta con la realidad del desgaste electoral: las encuestas internas del socialismo ya certificaban la sangría de medio millón de votos en tan solo una semana. Desde Moncloa se ha pretendido envolver la renuncia en una épica de la responsabilidad pública, articulando agradecimientos que sonaban más a alivio institucional que a sincera gratitud. Se enmascara en las filas socialistas el agradecimiento implícito por asumir el desgaste personal, el mutismo y las culpas de un sistema ferroviario colapsado que acumula 116 víctimas mortales en diez meses. La salida de Puente desvela, sin embargo, una grieta mucho más profunda e irreparable en la arquitectura del poder socialista. Puente no era un ministro más; constituía el último baluarte del núcleo duro que acompañó a Pedro Sánchez desde las primarias y la moción de censura de 2018. Con su dimisión, el grupo de máxima confianza del presidente queda formalmente extinto, reducido a cenizas tras un periplo gobernado por el escándalo y el desgaste institucional. Antes de este episodio cayeron las piezas maestras de la fontanería sanchista. José Luis Ábalos, muñidor de pactos y todopoderoso secretario de Organización, fue devorado por las tramas de corrupción que salpicaron al Ministerio. Le siguió Santos Cerdán, negociador en Waterloo y artífice de las alianzas parlamentarias de la investidura, cercado de igual modo por causas judiciales. La fallida cadena de custodia del partido intentó recomponerse con Paco Salazar, apartado antes de consolidar su ascenso al verse salpicado por d...
Ha transcurrido año y medio desde el cero energético que colapsó el país y, mientras Red Eléctrica, las grandes energéticas y las Administraciones continúan tirándose los trastos a la cabeza sin asumir una sola responsabilidad, son los ciudadanos de a pie quienes están pagando los platos rotos de un sistema inestable. Para evitar que la red vuelva a caerse, el operador del sistema se ha visto obligado a disparar el uso de los servicios de ajuste, esas operaciones técnicas de emergencia que reequilibran la producción y la demanda a marchas forzadas. Pero este blindaje no lo financian las eléctricas: se repercute de forma directa en el recibo de los hogares. El encarecimiento de este peaje invisible no responde a un episodio aislado, sino a un problema estructural que ha marcado todo el año 2026. Según los datos de Red Eléctrica analizados por Papernest, el coste medio de los servicios de ajuste ha alcanzado los 22,08 €/MWh entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un salto del 74,5%. La tensión operativa ha sido constante: en ocho de los nueve meses transcurridos de 2026 se superó el pico máximo de 2025. Traducido, el sobrecoste acumulado es demoledor. Para una vivienda estándar, con 4,6 kW de potencia contratada y un consumo anual de 3.500 kWh, la factura acumulada únicamente por la gestión del post-apagón asciende a 123 euros entre mayo de 2025 y septiembre de 2026. De haberse mantenido el coste medio previo al cero eléctrico, los consumidores habrían pagado 45 euros menos durante este periodo.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tenido que encargar un informe de urgencia a Red Eléctrica para auditar cómo se están distribuyendo estos gastos y determinar quién debe asumirlos. El debate regulatorio busca resolver si es justo que el ciudadano siga financiando con sus ahorros las deficiencias de seguridad de la red o si deben ser las propias empresas del sector las que asuman la factura de la inestabilidad.
Entre tanto, la b...
La isla de La Palma ha sufrido un apagón que se suma a las averías eléctricas del fin de semana en la isla de Tenerife. Un suceso que ha tenido lugar solo unos días después del trágico accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas. España pasó décadas construyendo algunas de las mejores infraestructuras de Europa. Las autovías, las líneas de alta velocidad y los aeropuertos transformaron la imagen y la capacidad operativa de nuestra nación. Sin embargo, el mantenimiento ha pasado a un segundo plano, poniendo en entredicho la seguridad y la fiabilidad que se daban por sentadas. ¿Afectará a las elecciones? Según los últimos sondeos la tragedia de Urda hunde más a Sánchez. Además, tres meses después de la invasión a Ceuta la ciudad sigue sin recuperarse: caos en el sistema sanitario y peligrosidad en las calles. En la mesa de 'Dando Caña': Alejandra Nuño, Ignacio de Hoces y Josep María Francás. #Gobierno #Infraestructuras #Urda #LZB #Elecciones #Ceuta #Accidente #Tren #PedroSánchez #AlejandraNuño #IgnacioHoces #JosepMariaFrancás
El balance en la cúpula ferroviaria es revelador. Por un lado, el desmantelamiento de los perfiles técnicos. Los sindicatos del sector, entre ellos el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, han denunciado de forma reiterada la expulsión de cuadros técnicos con décadas de experiencia en el ferrocarril para sustituirlos por gestores de transporte por carretera o cargos públicos generalistas. Están también las 28 incorporaciones a dedo en Renfe. Durante los primeros siete meses del mandato de Heredia, se ejecutaron hasta 28 cambios directivos en áreas críticas como Explotación, Viajeros, Mercancías, Estrategia o Recursos Humanos, con un coste superior a los 2,5 millones de euros. Un reparto de cuotas partidistas. Y es que la reestructuración sirvió para colocar a perfiles vinculados a formaciones políticas como Sumar o procedentes de administraciones municipales afines. Y luego la colonización de la cúpula de Adif. La sustitución de criterio técnico por afinidad política se repitió en el administrador de infraestructuras, donde Puente apartó a especialistas de carrera para situar a cuadros de su partido. Casos como el de Salvador Almenar (de la ejecutiva del PSPV) como jefe de gabinete, Joan Calabuig al frente de la coordinación del Corredor Mediterráneo, o Martín Navarro en la coordinación adjunta, son solo el encabezado de un listado de más de una docena de nombramientos marcados por el carné político. Cuando las decisiones estratégicas de un sector tan crítico y sensible como el tren se subordinan al amiguismo, la colocación de perfiles ideológicos y el arrinconamiento del personal cualificado, la degradación del servicio deja de ser una casualidad para convertirse en una consecuencia predecible. La gestión pública no puede sustentarse en la política de agencia; cuando la seguridad falla, el origen del problema está en el despacho de quien decidió cambiar la experiencia técnica por el favor partidista. Además, descubrimos las últimas declaracione...
Descargar la responsabilidad en una persona o despachar el siniestro como un simple fallo informático que "pasa a veces", como llegó a deslizar el ministro Puente al referirse a la avería del sistema LZB, ignora deliberadamente cómo funciona la seguridad en el transporte moderno. La investigación no puede cerrarse donde empieza el error individual, porque en la alta velocidad la seguridad no depende de una sola decisión: está diseñada en una compleja arquitectura de capas de protección para garantizar que un fallo puntual jamás termine en una colisión. En Urda falló la primera capa, el sistema LZB que supervisa de forma automática la velocidad del tren. Pero ese fallo no era una sorpresa: la propia operadora Iryo ya había advertido de que las caídas de este sistema provocaban el bloqueo total de sus convoys en el corredor Madrid-Andalucía, dejándolos varados sin posibilidad de moverse de inmediato. Pese a conocer este problema recurrente, Adif dio luz verde para reanudar la marcha. Tampoco funcionaron las capas secundarias de señalización, detección y equipos de respaldo como el ASFA, encargadas de certificar que un tramo de vía no esté ocupado antes de enviar otro tren a la misma zona. No funcionó la primera capa de seguridad. No funcionó la segunda capa de seguridad. Y no funcionó la tercera capa de seguridad. No obstante, la capa crucial que está en el centro de las miradas es la cuarta: los procedimientos y el centro de mando. Cuando cae el sistema de protección automática, los protocolos exigen extremar las precauciones y obligan a circular a «marcha a la vista», sin superar los 40 kilómetros por hora. La gran incógnita que cercana a los responsables del Ministerio es si existían instrucciones continuadas para saltarse este protocolo de seguridad con el único fin de evitar retrasos y maquillar la imagen de Adif, ordenando continuar a 200 kilómetros por hora aunque el LZB estuviera inoperativo. En el último eslabón, la maquinista del Iryo sí decidió cumplir el p...
Un grave accidente ferroviario entre un ave de Renfe y un tren de Iryo en la provincia de Toledo ha dejado varias personas heridas e importantes fallecidos. El siniestro se ha producido entre las localidades de Mora y Urda, en la línea de velocidad Madrid-Sevilla tras producirse un descarrilamiento de dos vagones del convoy de Iryo y de uno del Ave; después han caído por un terraplén. Este choque ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de Madrid-Ciudad Real-Andalucía. El Ministerio de Transportes y Adif han confirmado que el AVE habría alcanzado por detrás al tren de Iryo. El accidente se sitúa en el punto kilométrico 118, concretamente en la vía II, confirmado que los trenes implicados son un tren AVE 2080 y un Iryo 7076. En la mesa del análisis: Luis del Pino, Xavier Horcajo, Josep María Francàs, Alejo Vidal-Quadras Roca y Julio Ariza.
El motivo de este entendimiento es eminentemente defensivo y práctico: frenar la maniobra de la izquierda, que a diferencia de la derecha, acude a estas elecciones al Senado con una lista unificada llamada 'Senado de Progreso', en la que se integran el PSOE, Frente Amplio y sus socios. Para entender por qué se produce este acuerdo hay que acudir a la pedagogía del sistema electoral del Senado, que es completamente distinto al del Congreso de los Diputados.
Mientras que en el Congreso elegimos listas cerradas de partidos, en la Cámara Alta se vota directamente a candidatos individuales con nombres y apellidos en una papeleta abierta. En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores en total, pero cada partido solo puede presentar tres candidatos y cada ciudadano solo puede marcar hasta tres casillas. Esta estructura otorga una enorme prima al ganador: la lista o el bloque más votado en cada provincia se lleva casi automáticamente tres senadores, mientras que el segundo clasificado se conforma con solo uno. Los partidos que quedan en tercera posición o los que dispersan su voto se quedan directamente sin representación. En las pasadas elecciones de 2023, Vox obtuvo alrededor de 7 millones de votos en el Senado que no se tradujeron en escaños. De cara a esta cita electoral, la división del voto de la derecha amenazaba con dar la primera plaza a la lista conjunta de la izquierda en muchas circunscripciones, lo que hubiese supuesto para el PP pasar de tres a un solo senador por provincia y perder hasta 40 escaños en la Cámara. Para corregir esta aritmética, el acuerdo entre el PP y Vox se ha estructurado en tres fórmulas concretas según la provincia. La primera fórmula se aplica en seis provincias (Valencia, Castellón, Cádiz, Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), donde Vox renuncia a su propia lista e integra a un candidato independiente propuesto por ellos dentro de la candidatura del PP. De este modo se agrupa todo el voto en una misma papeleta para...
La polémica estalló a las 5 y 1 minuto de la tarde, justo en el momento en que estaba fijado el cierre oficial de los colegios electorales. En ese instante, el magistrado del Tribunal Supremo, accedió a una petición del equipo de campaña de Lula da Silva y ordenó prorrogar la votación durante dos horas en todo el país. Esta decisión inédita provocó serias irregularidades y confusión: la medida se adoptó cuando el recuento de sufragios ya había comenzado en varios puntos y muchas máquinas de votación ya se encontraban completamente apagadas o clausuradas. Ante este escenario, Flávio Bolsonaro ha anunciado que su formación no reconocerá el resultado de los comicios y solicitará su anulación formal. El candidato del Partido Liberal denuncia la ruptura de la igualdad de condiciones y acusa a las autoridades de haber retirado a los interventores y observadores de su partido del centro de procesamiento de datos a partir del momento en que se decretó la prórroga judicial. A pesar de que el margen final entre ambos aspirantes supera los tres millones de votos, el caudal electoral retenido por la derecha, que roza el 49%, consolida al bolsonarismo como un actor político de primer orden. Más allá de la disputa por las urnas, el verdadero obstáculo para Lula arrancará en la gestión diaria de la gobernabilidad. Además, conocemos la última hora sobre el pacto que PP y VOX han alcanzado para el Senado. En el programa de hoy: Javier Sastre, Miguel Robledo, Josep Maria Francàs y Alejandra Nuño.
El hallazgo de la UCO refuerza la línea de investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, quien ya requirió al PSOE el detalle de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. Las pesquisas se centraron en el uso del dinero en efectivo tras las pruebas indiciarias halladas en el caso mascarillas, que dibujaban una ausencia de control sobre la caja de la sede central de Ferraz. En el núcleo de las actuaciones que instruye el juez Moreno está la hipótesis del fraccionamiento de aportaciones o pitufeo. La sospecha conjunta de la Fiscalía Anticorrupción y del instructor es que se utilizaron donaciones privadas para enmascarar pagos procedentes de constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública en la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. El cerco documental de la UCO cobra relevancia al cruzarse con las auditorías del Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador detectó que el PSOE mantenía al cierre de 2020 un total de 295 cuentas bancarias fuera de su contabilidad oficial, con un saldo de 302.189 euros, a las que se sumaron otras 110 cuentas territoriales sin conciliar por un valor superior a los 400.000 euros. En conjunto, el informe reflejó un volumen no controlado superior a los 700.000 euros, fallos sistemáticos en códigos IBAN, cuentas inmovilizadas sin justificación y un incumplimiento en el deber de transparencia sobre donaciones superiores a 25.000 euros. En los procesos de financiación irregular, la prueba documental (las facturas sin soporte, la contabilidad paralela y el efectivo injustificado) suele determinar el recorrido penal. Por este motivo, el análisis del material que faltaba o que figura ilegible resulta crítico para determinar si se incurrió en responsabilidad penal corporativa. De forma paralela, la contabilidad de los servicios jurídicos del partido se encuentra bajo la lupa del magistrado Santiago Pedraz en el denominado caso Leire, donde se investiga si el a...
La decisión del Supremo no es una mera sugerencia ni un borrador sujeto a interpretación; hablamos de una orden ejecutiva para depurar un censo inflado mediante la polémica instrucción de Sofía Puente, hoy bajo la lupa judicial en el Juzgado 35 de Madrid por presunta prevaricación. Sin embargo, a las puertas de las elecciones del 29-N y con los plazos electorales al límite, el departamento que dirige Albares se ha limitado a desplegar una táctica de arrastre de pies. El ministro ha dejado pasar el tiempo deliberadamente sin mover un solo dedo para que la resolución judicial sea efectiva. Tras la manga ancha en los consulados para conceder la nacionalidad mediante una interpretación que desbordaba el espíritu de la ley, Exteriores alega ahora falta de capacidad para desgajar quiénes son legítimamente descendientes de exiliados y quiénes se beneficiaron del coladero administrativo. Una imposibilidad fabricada. Ante este bloqueo, la reacción de la oposición no se ha hecho esperar. Con el envío de un burofax fulminante, el Partido Popular ha fijado un ultimátum a las autoridades consulares, avisando de que la resistencia a cumplir lo dictaminado por el Alto Tribunal traspasa el ámbito administrativo para adentrarse de lleno en el terreno penal. Y en esa cadena de mando, la responsabilidad no se detiene en los escalones técnicos: señala directamente a Albares, advirtiéndole de que su pasividad activa lo sitúa más cerca del banquillo que de un perfil institucional impecable. Además, conocemos qué ocurre una vez ha quedado suspendida la 'ley de nietos' de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre y cómo el 'Sanchismo' ha dejado a España. En la mesa del análisis: Miguel Ángel Durán, José Ramón Riera, Julio Ariza, Josep Maria Francàs y Roberto Marín.
El Tribunal Constitucional es una corte de garantías de naturaleza estrictamente política y de extracción parlamentaria. Bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, esta institución ha culminado una deriva insostenible hasta convertirse en un órgano totalmente politizado y alineado al servicio de las necesidades políticas e institucionales del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una resolución redactada por el magistrado Manuel Marchena y suscrita por la presidencia de la Sala, ha puesto blanco sobre negro el avasallamiento al que está siendo sometido el Poder Judicial. Si bien el Alto Tribunal ha acatado la resolución dictada en favor de los dirigentes separatistas, lo ha hecho acompañando el fallo de un durísimo alegato en defensa de su soberanía jurisdiccional. Los magistrados de la Sala Segunda han sido tajantes al denunciar la "extralimitación" del Constitucional, acusando al bloque mayoritario del TC de invadir el ámbito de interpretación de la legalidad ordinaria que la Constitución de 1978 reserva en exclusiva al Supremo en su artículo 123. La mutación del Constitucional en una improvisada casación de última instancia no solo quiebra la separación de funciones diseñada por los constituyentes, sino que pervierte las reglas fundamentales del propio recurso de amparo. Como resalta el propio Supremo, calificar la interpretación de 14 magistrados de la Sala Penal como carente de "sentido común" o de "lógica" no representa otra cosa que un intento de camuflar, mediante una "innecesaria grandilocuencia", la intensidad de una injerencia sin precedentes. La detonación pública de este conflicto coincide de lleno con un calendario en el que el Constitucional delibera sobre sobre la ley de nietos. La apelación apresurada de Cándido Conde-Pumpido solicitando "respeto" para la jurisdicción constitucional suena a un mero ejercicio de cinismo retórico. Es difícil reclamar el respeto a la independencia de los jueces cuando el...
En la Comunidad Valenciana, se han confirmado cuatro víctimas mortales. Entre ellas, una mujer de 79 años con movilidad reducida localizada en su vivienda en Oliva; un hombre de 64 años que sufrió un paro cardiaco en un camping de la misma localidad; un agricultor hallado sin vida este martes en la marjal de Pego-Oliva; y una mujer que falleció el domingo en la costa de Sagunto. En Cataluña, los equipos de emergenciaa recuperaron en el mar el cuerpo de la mujer que fue arrastrada el sábado por la riera en Cabrera de Mar (Barcelona) mientras caminaba junto a su familia. Y en Málaga, un hombre de 41 años perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas tras impactar un desprendimiento de rocas sobre su vehículo durante una fuerte tromba de agua. Durante las últimas horas, las labores de auxilio han sido constantes, recurriendo incluso a helicópteros para poner a salvo a vecinos atrapados en tejados y vehículos ante las repentinas riadas. Aunque la Generalidad Valenciana levantó el confinamiento en los últimos municipios afectados, la inestabilidad se desplaza ahora hacia Cataluña y Baleares, donde persisten las alertas por chubascos y tormentas localmente muy fuertes. Ante este escenario, el Consejo de Ministros contempla la aprobación de una incapacidad temporal especial para apoyar a los trabajadores afectados por el desastre. Mientras los vecinos de la Comunidad Valenciana achican agua y sufren la tragedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desembarca este martes en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva escoltado por una numerosa comitiva ministerial integrada por Sara Aagesen, Fernando Grande-Marlaska y Diana Morant. Sin embargo, este despliegue no oculta la realidad: la visita huele más a puro cálculo electoral que a una muestra genuina de apoyo a las víctimas. Además, se cumplen 15 años del cese de ETA y conocemos todos los medicamentos que Mónica García ha dejado fuera de la lista de financiaciones del 2026. En la mesa del análisis: Arturo Moreno...
De las 50 organizaciones que impulsaron las marchas iniciales, apenas 15 eran estudiantiles; el resto sirvió de altavoz para colectivos ideologizados que rápidamente han convertido el malestar en una enmienda total al sistema, sazonada con proclamas anticapitalistas, banderas con la hoz y el martillo y consignas proHamás.
Las imágenes del país reflejan un paisaje devastado: miles de comercios asaltados, desde pequeñas tiendas hasta grandes marcas del lujo, edificios públicos bajo las llamas como el ayuntamiento de Limoges o la delegación del Gobierno en Burdeos, y más de 600 agentes de policía heridos. El saldo de más de 2.000 detenciones y los desbordados llamamientos de ayuda de alcaldes en París, Marsella o Lyon evidencian que el Estado galo se ha visto sobrepasado por una minoría violenta que, tras años de crecimiento demográfico y permisividad, ha dejado de ser tan minoritaria. El fenómeno no es aislado ni se detiene en las fronteras francesas. Episodios similares se han replicado en las últimas horas en Milán. También en otras ciudades europeas como Bélgica o Albania. Años de discurso buenista y de tolerancia institucional por parte de la izquierda caviar han alimentado un caldo de cultivo donde la falta de asimilación cultural y la delincuencia se retroalimentan sin freno. Este descalabro no es más que la cosecha inevitable de un modelo multicultural fallido y de décadas de importación masiva de inmigración, procedente en su mayoría de entornos islámicos y africanos, que no comparte ni respeta los valores, normas y leyes occidentales. Francia se ha convertido en la advertencia clara de un Estado colapsado por su propia permisividad, trazando el camino hacia el que se dirige inexorablemente España si persiste en replicar las mismas políticas de fronteras abiertas y tolerancia con la quiebra del orden social. Además, conocemos que Macron ha movido ficha ante la violencia de Francia y una importante última hora de la juez Tardón en la investigación de la invasió...
El origen directo de este cierre se encuentra en las entrañas de la propia red de transportes. Metro de Madrid ha detectado niveles alarmantes de amoniaco en los pozos y accesos de ventilación de la estación, provocados por la acumulación continuada de orines, excrementos y diversos residuos orgánicos generados por las personas acampadas en la superficie. Una situación que el Gobierno regional ya había anticipado ayer jueves y que confirma cómo la acampada en la Puerta del Sol ha derivado en un serio problema de salud pública. Ayuso ha dibujado una radiografía severa del deterioro del entorno, denunciando que las calles aledañas y los comercios locales registran un desplome de viandantes ante el temor de los ciudadanos a transitar por la zona. A la insostenible polución metabólica que se filtra por las rejillas de respiración del suburbano se suma un clima hostil marcado por peleas cotidianas, dificultades para el paso de ambulancias, actos vandálicos contra los monumentos del Oso y el Madroño y la estatua ecuestre de Carlos III, y una escalada de hostilidad que la propia Ayuso ha calificado como la «ley de la selva». Esta deriva violenta tuvo un reflejo gravísimo ayer durante una emisión en directo, cuando un acampado radical agredió al periodista Unai Cano mientras realizaba su trabajo. Cano relató cómo, tras recibir continuos insultos y amenazas previas a la agresión física, un grupo de personas abandonó las tiendas de campaña para forzar al equipo a retirarse de la zona mediante empujones e intimidaciones. Los hechos han sido puestos formalmente a disposición judicial mediante la correspondiente denuncia, sumándose a la preocupante cadena de agresiones que los profesionales de la información vienen sufriendo en este emplazamiento durante las últimas semanas. Además, conocemos la última hora sobre el ataque de Italia y Dinamarca a Pedro Sánchez sobre la regularización masiva del presidente del Gobierno. En la mesa del análisis: Enrique Calvet, Rodrigo Rato, Josep...
La suma de la invasión terrestre en el Tarajal, el asedio naval con buques de guerra y la instrumentalización de la flota pesquera dibuja una maniobra de guerra híbrida cuyas principales incógnitas continúan sin despejarse. El primer ataque fue el visible: la marea humana agolpada en la frontera terrestre y las playas ceutíes. Sin embargo, mientras miles de personas cruzaban el espigón del Tarajal, en el ámbito marítimo se ejecutaba una estrategia de presión calculada. El segundo elemento lo constituyó la penetración no autorizada de la Marina Real marroquí en aguas de soberanía española. Durante los días más críticos de finales de julio, Rabat movilizó al menos una fragata y varias patrulleras, entre ellas el Mohammed VI, buque insignia de la flota alauita. Las incursiones comenzaron el 30 de julio, pero la respuesta naval española demoró días en visibilizarse en la ciudad autónoma: el Buque de Acción Marítima Rayo, enviado desde Canarias, no arribó a Ceuta hasta el 3 de agosto, pese a existir unidades de la Armada desplegadas previamente en el área del Estrecho. Fue necesaria la posterior movilización de las fragatas Santa María y Navarra, procedentes de la base naval de Rota, para que la presencia marroquí finalmente cesara. El tercer elemento, hasta ahora desconocido, completa la fotografía del conflicto. Las autoridades españolas interceptaron instrucciones directas orientadas a que pesqueros marroquíes se adentraran ilegalmente en aguas de Ceuta de manera coordinada. La simultaneidad de estos tres vectores (migratorio, militar y civil instrumentalizado) anula la hipótesis de la casualidad. Además, conocemos la última hora sobre la juez Biedma, y cómo afectaría la unión de PP-Vox en las próximas elecciones desde el Senado. En la mesa del debate contamos con José Ramón Riera, Luis del Pino, Josep María Francàs.
Un entramado millonario en el que ha tenido que entrar en más de una ocasión los tribunales para llevar a cabo desahucios, sí desahucios, como el de Maricarmen que ahora quiere ponerse como bandera de resiliencia. Pues ni desahucios ni fondos buitres ni grandes tenedores, para Mínguez es una empresa familiar, que cumple con la ley, que paga sus impuestos... y como no, toda esta información no es más que un ataque personal. Como cuando se quiere informar sobre las supuestas tramas delictivas de Begoña Gómez o como cuando se pide información sobre las joyas de Zapatero, para ellos, todo son ataques personales sin fundamentos. Pero, qué curioso. Cuando el PSOE habla de los grandes propietarios, el discurso se llena de acusaciones contra la especulación y los negocios inmobiliarios. Pero cuando las preguntas afectan al entorno de su propia portavoz, entonces resulta que tener decenas de pisos en alquiler es una actividad empresarial perfectamente respetable. De nuevo falta de coherencia, o quizá, Montse Mínguez debería ir a la Puerta del Sol a explicar a los acampados cuando eres bueno por tener decenas de pisos o cuando te conviertes en el malo de la película si pides desahuciar al inquilino que lleva meses sin pagarte la renta. Pero el caso de la portavoz no es algo aislado.
En el programa de hoy, analizamos el Desfile del 12 de Octubre protagonizado, de nuevo, por los pitos y abucheos a la llegada de Pedro Sánchez. Un desfile que contó con la ausencia de varios ministros y también de Santiago Abascal que viajó hasta Ceuta para celebrar el Día de la Hispanidad allí. Precisamente, hoy han viajado hasta la ciudad autónoma los Reyes en un viaje histórico. También, analizamos los sondeos electorales previos a las elecciones generales: todos coinciden en dar la mayoría absoluta al bloque formado por el PP y VOX. El Tribunal Supremo mariene para el 29N la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. El Gobierno valora ahora llevar la decisión hasta el Tribunal Constitucional. En la mesa de análisis: Alejandra Nuño, Arturo Moreno, Josep María Francás, Ignacio Basco y Julio Ariza.
Esta fijación por gobernar por la vía del tráfago legislativo y la excepción permanente muestra a un dirigente dispuesto a cualquier maniobra con tal de conservar el poder. Si en su día prometió traer de vuelta a Carles Puigdemont para sentarlo ante la justicia y acabó entregándole la amnistía a cambio de sus votos para la investidura, la incógnita resulta obvia y alarmante: si es capaz de perdonar a un fiscal general condenado para salvar el relato, ¿Cuál será la siguiente cesión para asegurarse unos cuantos años más en el Palacio de la Moncloa? ¿Un referéndum de autodeterminación en Cataluña? El patrón de saltarse al Legislativo mediante argucias reglamentarias no es nuevo, pero en este periodo preelectoral alcanza un cariz crítico. Ahí está el caso del rescate financiero a RTVE. Tras el sonoro varapalo sufrido en julio, cuando el Congreso de los Diputados tumbó la fórmula inicial para compensar los tributos no deducibles de la corporación pública, el Ejecutivo pretende ahora aprovechase del periodo entre legislaturas para colar un Real Decreto. A este escenario de decretazos e intervenciones se suma el intento de condicionar el marco judicial y electoral. Mientras minimiza la corrupción real que salpica a su entorno tildándola en parte de ficción mediática y judicial, Sánchez no duda en dirigirse al Tribunal Supremo para exigirle de forma apremiante que resuelva el derecho al voto de los afectados por la suspensión de la ley de nietos. ) En definitiva, estamos ante la fase más delicada de la legislatura. Cercado por las decisiones judiciales y con las Cortes disueltas, el presidente del Gobierno liquida los contrapesos democráticos en una carrera a la desesperada. Un escenario que convierte estas ocho semanas previas a las urnas en el momento más peligroso de la política española. En la mesa de 'Dando Caña': Isaac Parejo, Álvaro Ballarín, Josep Maria Francàs y Rubén Herrero.
Detrás de este salto cualitativo se encuentra el último y demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La reconstrucción de los agentes deja de lado las meras represalias reputacionales para adentrarse en terreno penal punible de la máxima gravedad: contactos directos con el entorno del narcotráfico y testimonios explícitos que apuntan a una estrategia para eliminarla físicamente. La clave reside en las declaraciones de testigos como Cintia Rocho, vinculada a clanes de Badajoz, quien reveló a la UCO cómo uno de los colaboradores de la 'fontanera' socialista Leire Díez llegó a afirmar que a la jueza había que eliminarla. Todo ello bajo la sombra de aquella inquietante anotación hallada en la agenda de Díez que hoy cobra un sentido tan macabro como revelador. Conviene recordar cuál fue el desencadenante de semejante maquinaria de persuasión y hostigamiento. Beatriz Biedma cometió el atrevimiento de hacer su trabajo. Le tocó la instrucción contra David Sánchez Pérez-Castejón y no miró hacia otro lado: formuló las preguntas incómodas sobre la verdadera actividad de la Oficina de Artes Escénicas, analizó con rigor más de 64.000 correos electrónicos y mantuvo la firmeza contra viento y marea, resistiendo las presiones procesales y los embates de una Fiscalía empeñada en restar trascendencia al asunto. La causa, que acabó saldándose en la Audiencia Provincial con nueve años de inhabilitación por prevaricación para el hermano del presidente, convirtió a la juez en el objetivo prioritario del aparato paramilitar de Moncloa y Ferraz. Lo que revela este episodio supera cualquier límite admisible en una democracia funcional. Cuando un partido en el poder es capaz de tejer una red paralela con exmagistrados expulsados, fontaneros de partido, maniobras y presuntos encargos al entorno del crimen organizado con tal de blindar a la familia del presidente y salvar el cuello político, la frontera de la institucionalidad queda pulverizada. No se trata sol...
Con el reloj en contra, Moncloa ya diseña su atajo definitivo: acudir de urgencia al Tribunal Constitucional para que suspenda la cautelar del Supremo y permita votar a los nacionalizados antes de entrar a juzgar el fondo del asunto. El argumento del Gobierno se basa en que votar es un derecho irreparable. Sánchez creó la urgencia al adelantar las elecciones sabiendo que la Abogacía del Estado era incapaz de revisar 170.000 expedientes dudosos antes de 2027. Ahora pretende que el Constitucional actúe como un rodillo exprés a su servicio. Sin embargo, frente a las maniobras de Moncloa, existe una rendija legal dentro del propio Tribunal Constitucional que podría frenar en seco esta operación: la regla del cuórum. En el TC, la Ley Orgánica que lo regula exige la presencia mínima de dos tercios de sus miembros para poder constituirse y adoptar cualquier acuerdo válido. Con un pleno compuesto por 12 magistrados, la presencia de al menos 8 de ellos es indispensable para que el órgano pueda deliberar y votar. En estos tiempos, decisiones de este TC, han salido adelante por ajustadísimas mayorías doctrinales de 7 votos a favor frente a 5 en contra. La aritmética es demoledora: si los 5 magistrados del bloque conservador decidieran plantarse, ausentarse o negarse a conformar sesión ante lo que consideren un atropello al censo electoral, el Constitucional quedaría paralizado sin cuórum legal (al contar solo con 7 de los 8 miembros necesarios). Sin ese cuórum, el tribunal simplemente no puede tomar ninguna decisión, impidiendo que Moncloa consiga el levantamiento exprés de la suspensión dictada por el Supremo. En un momento donde la credibilidad de las instituciones cotiza bajo mínimos, la minoría del órgano debería plantearse seriamente si debe prestarse a validar de urgencia una maniobra que arriesga viciar el censo electoral del 29-N. Además, rememoramos la desastrosa gestión del transporte con Pedro Sánchez al frente. Hoy, en la mesa de 'Dando Caña': Esperanza Aguirre, Lu...
En su comunicado oficial, CC, OO, y UGT sostienen que “la huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda”, buscando extender la responsabilidad a comunidades autónomas y ayuntamientos. Por su parte, la patronal (CEOE y Cepyme) no ha tardado en calificar de inadmisible la convocatoria, cuestionando su encaje jurídico por tratarse de una medida de presión política contra la gestión gubernamental cuyo coste se pretende trasladar a la actividad económica y a las empresas en pleno proceso electoral. Resulta difícil no señalar la flagrante incongruencia temporal. Hay que remontarse a 2010 y a las dos jornadas de 2012, cuando se manifestaron contra las reformas y recortes del Gobierno de Zapatero y de Mariano Rajoy, para encontrar las últimas huelgas generales respaldadas por estos sindicatos. En estos últimos ocho años no han salido ni una sola vez a la calle de forma rigurosa: ni ante el descontrol de los precios de la vivienda, ni frente a la desbocada inflación, ni por el disparado coste de la luz y el gas. Conviene recordar que llegaron a protestar cuando el megavatio hora rondaba los 70 euros, pero mantuvieron la boca cerrada cuando bajo la gestión de Pedro Sánchez se superaron holgadamente los 140 euros. A lo largo de estos ocho años, estos sindicatos han mantenido un silencio cómplice ante una situación económica y laboral sensiblemente peor que la que en su día motivó sus pancartas. Un mutismo muy conveniente que quizás encuentre su explicación en las suculentas transferencias públicas que reciben. Solo en 2025, el Gobierno de Sánchez ha concedido 23,6 millones de euros a CCOO y UGT dentro de la partida de 32 millones destinada a actividades sindicales (frente a los 17 millones asignados en 2024). Quizás su repentino celo movilizador responda al temor de ver r...
Pedro Sánchez ha comparecido hoy, desde La Moncloa y sin preguntas de periodistas, como nos tiene acostumbrados, para anunciar que convoca las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Lo hace tras los cientos de fracasos que su Gobierno ha cosechado en el Congreso. Era ya algo normal que ninguna de las leyes que llegaban a la Cámara Baja se guardase en el cajón por la falta de apoyos. A partir de ese anuncio, las reacciones no se han hecho esperar. Los populares han iniciado ya la precampaña electoral bajo el lema 'Por fin'. Abascal, por su parte, ha querido alertar a los españoles por el voto por correo. El presidente de VOX ha asegurado, además, que, aunque la convocatoria es una buena noticia, los ciudadanos no pueden bajar la guardia. La nueva coalición de izquierdas, Frente Amplio, anunciará su candidato el próximo 17 de octubre mientras Podemos lanza un mensaje a Sumar al querer ir juntos a la convocatoria electoral. Pero Sánchez, como en otras ocasiones, tiene un as bajo la manga. Utilizará la Diputación Permanente del Congreso para aprobar los dos decretos ley de vivienda. Al margen, hoy, en Dando caña, analizamos también como Andalucía está siendo arrasada por el narcotráfico y la primera vuelta de las elecciones en Brasil. En la mesa de análisis: Josep María Francàs, Ignacio Basco, Alejandra Nuño y Carmen Quintanilla. #EleccionesGenerales #AdelantoElectoral #29denoviembre #PedroSánchez #Feijóo #SantiagoAbascal #DiputaciónPermanente #Vivienda #Narcotráfico #Andalucía #Ceuta #Brasil #JosepMaríaFrancàs #IgnacioBasco #AlejandraNuño #CarmenQuintanilla
Desde las 11:00 de la mañana, el Congreso de los Diputados celebra el pleno extraordinario para la aprobación de los dos Decretos publicados esta semana en materia de vivienda. A última de ayer, Junts anunciaba su negativa a votar a favor, por lo que el futuro de Pedro Sánchez podría estar en el aire, al decaer, previsiblemente, los dos Decretos. Fuentes internas del propio PSOE podrían ver con buenos ojos un adelanto electoral, la fecha que se baraja sería el próximo 29 de noviembre. Mientras, a las puertas del Congreso, cientos de manifestantes piden a los políticos que escuchen a la calle.
La artimaña busca consagrar por vía legal lo que hasta ahora era una mera instrucción ministerial dictada en 2022 por Sofía Puente, hoy directora general y hermana del ministro de Transportes. Aquella directriz asumía de forma automática que cualquier español emigrado entre 1936 y 1955 era un exiliado político, incluso si los motivos de su salida fueron puramente económicos, abriendo la puerta a una nacionalización masiva sin las verificaciones que exigía la propia Ley de Memoria Democrática. Al asumir ahora esta enmienda en un texto educativo, el Ejecutivo incurre en una confesión tácita: admiten que la directriz de la hermana del ministro estaba al margen de la ley y que necesitaba un parche legislativo urgente antes de que el Alto Tribunal la tumbe definitivamente. Para consumar esta jugada, la Mesa de la Comisión de Educación, donde PSOE y Sumar imponen su mayoría, ha decidido desoyendo de forma descarada el informe de los letrados del Congreso. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja fueron claros al avalar las protestas de la oposición: la enmienda no guarda relación alguna con la materia educativa. Aun así, la mayoría gubernamental ha hecho oídos sordos al criterio técnico para dar luz verde a la tramitación de esta enmienda pirata. Las cifras explican la urgencia y los nervios del Ejecutivo. Hasta la fecha se han concedido más de 544.000 nacionalidades, y la lista de espera supera los 2,4 millones de solicitudes. La prisa por garantizar que esta ingente masa de nuevos ciudadanos pueda ejercer el voto en las próximas elecciones generales delata un evidente cálculo electoralista. Utilizar una ley de educación como vehículo clandestino para alterar las reglas del censo electoral no solo demuestra un profundo desprecio por el sistema educativo, sino también hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno con tal de moldear el electorado a su medida. Una auténtica cacicada parlamentaria que degradará aún más las instituciones con tal de amarrar el poder un poco...
La maniobra táctica con los tiempos de publicación delata la verdadera viabilidad de este paquete legislativo. Mientras el primer decreto se ha publicado esta misma mañana en el BOE, el Gobierno retrasa deliberadamente la publicación del segundo para evitar que entre en vigor antes de su votación de convalidación en el Congreso este viernes, donde se prevé su inmediato rechazo por parte de la mayoría parlamentaria. De haberse publicado antes, su inevitable caída en la Cámara Baja habría provocado un caos y un choque de seguridad jurídica de primer orden.
Además, descubrimos el balance más reciente sobre la situación de Ceuta dos meses después y Juan Sergio se pronuncia sobre su negativa a apoyar a a VOX y reconocer la soberanía española. En este nuevo programa de 'Dando Caña' contamos con Eduardo Zaplana, Julio Ariza, Josep María Francás y Ana Cuartero.
La radiografía tras ocho años de Sánchez en el Ejecutivo revela un panorama devastador que ha convertido a España en un país hostil para jóvenes, mayores, familias y trabajadores. Comprar una casa es hoy un 70 por ciento más caro y alquilar cuesta un 40 por ciento más, alcanzando un precio por metro cuadrado en récord histórico que supera incluso el pico de la burbuja de 2008. Su intervención en el mercado ha destruido la oferta, haciendo desaparecer 300 mil pisos de alquiler, mientras las prometidas 200 mil viviendas públicas siguen siendo casas fantasma y puro humo del que no se ofrecen datos. Mientras la burocracia paraliza la transformación de suelo, apenas se construyen 100 viviendas sociales al año, provocando que la vivienda haya pasado de ser el problema número 16 para los ciudadanos a convertirse en el primero. Resulta inverosímil que tras casi una década de parálisis y de profundizar en el desastre pretendan solucionar esta crisis de la noche a la mañana. Por eso nadie duda de que esta maniobra del Gobierno no es más que una burda cortina de humo para tapar la grave situación en Ceuta, la invasión fronteriza y el constante goteo de casos de corrupción que cercan acorralan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, conocemos todos los detalles de los dos decretos que el Gobierno quiere aprobar lo antes posible y Carlos Quero valora la situación actual de la vivienda en España. En la mesa del análisis: Ignacio Basco, Arturo Moreno, Josep María Francás y Roberto Granda.
Decenas de personas están acampando en Sol desde el pasado sábado para exigir soluciones para la vivienda. Un claro pulso al Ejecutivo. Sánchez, por su parte, ha asegurado que el Gobierno está trabajando a contrarreloj para aprobar el decreto de vivienda. Sin embargo, Sumar asegura que aún están muy lejos para llegar a ese acuerdo. Pero esto no puede desviar el foco de uno de los principales problemas que España tiene actualmente: la invasión a Ceuta. Según ha publicado Rubén Pulido en sus redes sociales, un kamikaze ha recorrido este madrugada parte de la ciudad autónoma. En la mesa de análisis: Miguel Robledo, Luis del Pino y Josep María Francàs.
La prueba definitiva de hasta qué punto la ciudad está desbordada la tuvimos este jueves por puro azar. Los bomberos acudieron a apagar un incendio en la zona del Sarchal y lo que descubrieron fue estremecedor: una red de galerías y túneles militares subterráneos convertida en un asentamiento clandestino para más de medio centenar de migrantes. Había colchones, cocina, acumulación de basuras y pasadizos que conectan el subsuelo a lo largo de medio kilómetro. Como dicen los propios bomberos y la policía en la zona: Ceuta está vacía por debajo. El problema de fondo es evidente: el Gobierno desmantela un campamento o un asentamiento en la superficie, pero la gente no desaparece. Se desplazan, rompen muros y se esconden en las tripas de la ciudad mientras siguen llegando personas a nado. El fuego ha destruido los túneles, pero esos decenas de jóvenes vuelven hoy a estar en las calles. Menos propaganda de «normalidad» y más efectividad, porque Ceuta ni aguanta más parches ni puede vivir sobre un polvorín subterráneo. Además, tratamos la maquinaria que alega VOX hacia el PSOE con la que ha querido acabar con la magistrada Biedma. En la mesa del análisis: Enrique Calvet, Rodrigo Rato, Julio Ariza, Josep María Francás, Ana Cuartero.
La tentativa de culpar al franquismo, al machismo o a los gobiernos autonómicos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida carece de fundamento jurídico. La salida de Maricarmen de la vivienda es la aplicación estricta de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, promovida por el Gobierno socialista de Felipe González para extinguir paulatinamente los contratos de renta antigua. Al fallecer la madre de la inquilina en 2005, la subrogación del contrato quedaba limitada por dicha ley a dos años, al no cumplirse los requisitos de discapacidad del 65% (la afectada tiene un 50%) ni los plazos de edad exigidos antes de 2004. El contrato quedó extinto en 2007. La propiedad permitió su estancia durante más de una década y en 2018 le ofreció opciones de compra rebajada y alquiler adaptado que fueron declinadas. El debate evidencia el riesgo de convertir casos particulares en argumentos de agitación política, infantilizando a los ciudadanos y vulnerando el principio de seguridad jurídica. Legislar a medida de cada circunstancia personal o pretender que el propietario privado asuma la función de la asistencia social destruye el mercado del alquiler, expulsando a los pequeños tenedores y dejando la oferta únicamente en manos de estructuras capaces de afrontar procesos judiciales prolongados. El respeto a la propiedad privada es una garantía elemental en un Estado de derecho, de la misma manera que el cariño a un inmueble no otorga la titularidad sobre el mismo. Pedro Sánchez prometió públicamente cuando era candidato a la Moncloa que bajo su presidencia no habría ni un desahucio más en España. La realidad de las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial desmonta el eslogan: los lanzamientos superan los 25 mil anuales y las ejecuciones hipotecarias alcanzan máximos durante su mandato. La paradoja del caso de Maricarmen es que la anciana a la que la propaganda oficial intenta convertir en símbolo del drama de la vivienda no ha sido desahuciada por la especula...
Marruecos celebra hoy elecciones mientras Ceuta vive una calma tensa. Hoy había una nueva amenaza de asalto a la ciudad autónoma, que aún arrastra la inseguridad provocada por la invasión del pasado 30 de julio. Hoy, en el hemiciclo, la diputada del PP, Ana Vázquez, ha enseñado un bote de spray pimienta, los que usan, sobre todo, las mujeres ceutíes. Motivo por el cual Armengol, basándose equivocadamente en el Reglamento, le ha expulsado. Mientras tanto, Begoña Gómez empieza con su estrategia judicial antes de ser juzgada ante un jurado popular y Zapatero informa que las joyas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí. En la mesa de análisis: Josep María Francàs, Marcos de Quinto y Paco Bernabé
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU mientras, en España, todos sus ministros salen en defensa de Begoña Gómez tras conocer que el magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado un auto de apertura de juicio oral con jurado popular. El líder del ejecutivo no se reunirá con Donald Trump alegando motivos de agenda y ajeno a la invasión de Ceuta. María Montero, Alejo Vidal-Quadras, Ignacio Basco y Josep Maria Francàs debaten de la situación política de España en un momento de grave deterioro institucional.
A nivel mundial, la dimensión del problema es devastadora. Con más de 57 millones de afectados hoy, la Organización Mundial de la Salud prevé un horizonte asfixiante. Sin embargo, tras cada estadística hay una tragedia compartida, un impacto familiar brutal que devora el tiempo, la salud mental y los recursos de millones de cuidadores que sostienen, en la sombra, la atención diaria de sus seres queridos. La ciencia ha logrado por fin derribar un muro que parecía insuperable tras más de dos décadas de sequía terapéutica. El desarrollo de los nuevos anticuerpos monoclonales ha abierto una brecha de esperanza. No curan, pero hacen algo trascendental: frenan la progresión del deterioro cognitivo en las fases tempranas. Por primera vez en la historia, se ofrece una herramienta real para ganar tiempo de calidad. Sin embargo, el acceso a este avance se ha topado de frente con el muro de la burocracia y la insensibilidad política. Mientras la Agencia Europea del Medicamento avala estas terapias y otros países europeos avanzan en su incorporación, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios ha rechazado por segunda vez su financiación pública en España. La decisión de no dar cobertura a estos fármacos rompe radicalmente con el principio de equidad de la sanidad pública. Son pocos los que pueden costearse el tratamiento. Al frente de esta decisión se encuentra la ministra de Sanidad, Mónica García. Es inconcebible que quien abandera la defensa de lo público escude el rechazo en que el beneficio es muy limitado o en que el coste es muy elevado para el valor clínico que aporta. La respuesta no se ha hecho esperar y la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), arropada por más de 500 afectados, familiares y profesionales, le ha lanzado un mensaje directo e insoslayable a la ministra: «No podemos esperar más». Resulta profundamente doloroso comprobar cómo la retórica sobre la sanidad universal y la justicia social se desmoro...
La Policía Nacional y la Guardia Civil han procedido al traslado masivo de quienes permanecían en las playas del Trampolín y de Benítez. La medida busca paliar una crisis migratoria insostenible tras la entrada de más de 80 mil personas los días 30 y 31 de julio desde Marruecos. Durante el trayecto, las fuerzas de seguridad han tenido que lidiar con constantes empujones y tensiones provocados por grupos de inmigrantes que se negaban a seguir las órdenes de los agentes. El operativo comenzó sobre las 6:30 horas a lo largo del Paseo Marítimo y la carretera de servicio del puerto. Las dificultades se multiplicaron de inmediato para desplazar a pie a la multitud desde unas playas situadas a unos dos kilómetros del campamento. Se ha intentado coordinar un dispositivo al límite, registrándose momentos de máxima tensión a pocos metros de la playa de Benítez ante el tumulto descontrolado. Alrededor de las 9:00 horas comenzaron a llegar los primeros grupos al recinto portuario, avanzando a paso lento para facilitar el control policial. A la entrada, los migrantes reciben una pulsera como primer paso para su identificación y se les somete a un registro para retirar objetos peligrosos. Fuera del recinto, la imagen no es mejor. Siguen siendo miles los que deambulan por la ciudad sembrando el caos, protagonizando reyertas y generando un clima de violencia e inseguridad insoportable para la población. A esta degradación del orden público se le suma una alarmante crisis sanitaria, confirmada tras detectarse el primer caso de viruela del mono: un mena marroquí de 17 años que asaltó la frontera el 31 de julio y que ahora permanece aislado en un centro de menores. La situación epidemiológica en la ciudad es límite. Entre las patologías detectadas en las últimas semanas figuran cuadros de tuberculosis, varicela y gastroenteritis, además de afecciones dermatológicas altamente contagiosas como la sarna y el impétigo. Ceuta se ha convertido en un polvorín sanitario y de seguridad donde l...
La negativa del PSOE y sus socios comunitarios a endurecer el tono diplomático hacia Rabat ha frustrado la posibilidad de acordar una resolución conjunta, lo que amenaza con dejar a la Eurocámara sin una postura clara. Las diferencias sustanciales entre los dos principales bloques radican en el enfoque hacia la política exterior con Rabat y el tratamiento de las fronteras continentales. En la propuesta planteada por los socialistas, alineada con las tesis del Gobierno español, se opta por omitir adjetivaciones sobre el papel de las autoridades marroquíes en el cruce masivo y se valora positivamente la agilidad en la devolución de las personas que ingresaron de forma irregular. Por el contrario, los populares pretenden fijar denuncias explícitas y habilitar los mecanismos previstos en el marco europeo de Respuesta a Emergencias presentado por la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, el cual contempla agilizar las devoluciones en situaciones de presión extrema. El escenario de fractura parlamentaria se ha visto agravado por las votaciones previas en materia de seguridad e inmigración. Durante el debate del informe sobre guerra híbrida, tanto populares como socialistas rechazaron de forma conjunta una serie de enmiendas impulsadas por Patriotas por Europa. Dichas propuestas demandaban suspender los fondos europeos destinados a Marruecos tras la invasión, clasificar formalmente el flanco sur de la Unión como zona bajo amenaza híbrida constante y revisar la financiación a las organizaciones no gubernamentales que operan en las rutas migratorias. La eventual falta de un pronunciamiento firme por parte del Parlamento Europeo tiene implicaciones inmediatas en la política nacional e internacional. Sobre todo en el contexto en el que cada vez parece más evidente que el asalto masivo a la frontera de Ceuta fue una operación perfectamente orquestada desde Marruecos. La postura de los populares ha desencadenado duras críticas, al considerarse especialmente grave que e...
Una postura que contrasta de forma radical con la adopción de la medida, pero sobre todo con la posición del Fútbol Club Barcelona, que se negó rotundamente a participar, marcando una distancia categórica frente a una iniciativa que el Real Madrid sí respaldó a nivel de club. El gesto de los tres futbolistas madridistas ha desencadenado una ola de duros reproches en la opinión pública y en las redes sociales. Las críticas no han tardado en señalar que la frase «Todos somos caballas» constituye un mensaje explícitamente solidario con la población ceutí y no una proclama política: no se leía en la prenda ningún lema de confrontación ni de rechazo explícito que justificase su censura individual. Desde diversos sectores se acusa a los jugadores de haber insultado indirectamente a toda una nación y de haber mostrado un desprecio injustificable hacia la ciudadanía de Ceuta en un momento especialmente crítico. Los señalamientos se han vuelto especialmente severos hacia Vinícius, nacionalizado español desde 2022, y Mbappé, recordando su ascendencia argelina y argumentando que su negativa a solidarizarse con el pueblo ceutí resulta indefendible y sin paliativos dentro de la opinión pública. Entre las reacciones más contundentes que se han escuchado en las últimas horas, surgen voces que aseguran que habría sido preferible que saltaran al campo directamente sin la camiseta antes que escenificar ese desaire. E incluso quienes recriminan que, si tan incómodos se sienten representando estos consensos mientras residen en España, tienen la libertad de continuar sus carreras en otros países. Ciertamente, en el marco de una sociedad democrática, la libertad individual es absoluta: los futbolistas tienen pleno derecho a actuar según sus convicciones y el Real Madrid ha respetado esa pluralidad, garantizando la libertad de voto en su vestuario. Pero esa misma libertad ampara también la crítica social. Y resulta difícil obviar que estos tres profesionales comparten vestuario con compañ...
Para esta labor de choque no se ha enviado a perfiles técnicos o conciliadores, sino a espadas políticas de primera línea y sin pelos en la lengua, como Óscar López y Óscar Puente. Son ellos quienes verbalizan lo que en la cúspide del Gobierno se piensa. Excusándose en resoluciones como la suspensión cautelar de la 'ley de nietos', vinculada a la 'ley de Memoria Democrática', o en diligencias sobre la invasión de Ceuta, el discurso gubernamental ha dado un paso más allá. Llegar a sugerir que existen sectores judiciales actuando como peones para "derrocar al Gobierno" o respondiendo a consignas de la oposición traspasa la barrera de la crítica legítima a una resolución judicial. Es una estrategia deliberada de señalamiento que socava directamente la credibilidad y la independencia del Poder Judicial, pilar fundamental de la separación de poderes. Detrás de este estruendo mediático y de este victimismo institucional hay una intencionalidad evidente: desviar la atención de frentes judiciales de calado que afectan directamente al entorno familiar del presidente del Gobierno y que amenazan con salpicar la financiación del propio partido. Sin embargo, recurrir al descrédito sistemático de los jueces no demuestra fortaleza política, sino debilidad. Cuando desde las instituciones públicas se intenta deslegitimar la labor fiscalizadora de los tribunales acusándolos de golpismo o conspiración, el verdadero riesgo democrático no proviene de los autos ni de las sentencias, sino de la propia estrategia de desgaste utilizada desde el poder político. Además, conocemos de cerca la terrible situación a la que se enfrentan los agentes desplegados en Ceuta y cómo la JEC ha frenado los pies al Gobierno en su intento de alterar el censo electoral. En la mesa del análisis: Alejo Vidal-Quadras, Ignacio Basco, Josep Maria Francás.
Según los datos remitidos por el propio Gobierno, a finales de mayo había ya más de 333.000 nacionalizados inscritos en el censo de españoles residentes en el extranjero, y otros 238.000 habían solicitado su inscripción. Y desde las elecciones generales de julio de 2023 hasta julio de este año, el CERA ha aumentado en más de 408.000 electores. Estamos hablando, por tanto, de cientos de miles de potenciales votos. De personas que no solo no viven en España sino, que muchos de ellos, jamás han pisado nuestro país. Pues bien, ahora el Tribunal Supremo ha obligado a poner orden. Ha pedido información a los registros consulares, ha reclamado conocer con qué criterios se ha decidido dónde queda inscrito cada nuevo elector y ha exigido que existan unas reglas homogéneas. No se les está retirando la nacionalidad española a estas personas. Lo que el Supremo ha suspendido cautelarmente son los efectos electorales en determinados casos mientras los tribunales deciden si aquella interpretación realizada por el Ministerio de Justicia fue o no conforme a la ley. Hoy será la Junta Electoral Central la que tenga que empezar a desenredar este problema. Este amasijo de hilos enredados difícil de entender pero mucho más complejo si tenemos en cuenta los intereses políticos y electorales que podría haber detrás. Pero quien tendrá que explicar cómo se creó es el Gobierno. Porque cuando hablamos del censo electoral no hablamos de izquierda o de derecha. Hablamos de algo mucho más básico: de garantizar que cada persona que vote tenga derecho a hacerlo… y de que cada voto emitido tenga exactamente el mismo valor… y resulta difícil de entender cómo este Gobierno quiere regalar el verdadero valor del voto en España. Además, descubrimos el último balance del CIS y una última hora de la juez Tardón.
Marruecos asegura que la final del Mundial 2030, organizado principalmente por España y Portugal, se jugará en Casablanca. De nuevo, una tensión política entre España y Marruecos que da el salto al fútbol. Más de 40 días después de la invasión a Ceuta, el jefe del gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta ha presentado su dimisión tras los informes publicados por el CNI confirmando que sí hubo avisos que decidieron ignorar. Continúa aumentado el gasto del Gobierno en Ceuta, esta vez, destinado a los CETIS: el Gobierno se gasta 72.000 euros al día en acoger a los invasores. Y nueva jugada del Gobierno, esta vez, da la nacionalidad española a los saharauis. En la mesa de análisis: Enrique Calvet, Luis del Pino, Rodrigo Rato y Josep María Francás.
Están las alertas ignoradas: el CNI identificó convocatorias en redes sociales con más de 180.000 seguidores e informó directamente a la Delegación del Gobierno, a las Fuerzas de Seguridad e incluso a los servicios secretos marroquíes. También las advertencias militares. Y es que la inteligencia militar calificó de muy probable el asalto masivo en su informe del mismo día 30, evidenciando la descoordinación y el fallo sistemático en la correa de transmisión hacia la Presidencia. Y luego ya tenemos la inacción política. A pesar al flujo continuo de notas de extrema gravedad desde el 27 de julio, el dispositivo en El Tarajal fue el de un día cualquiera. Sin mayor importancia. Resulta grotesco observar el espectáculo de filtraciones, contradicciones y ministros parapetados tras excusas semánticas. Escuchar al delegado del Gobierno en Ceuta aferrarse al cargo alegando que las advertencias del CNI eran solo «mensajes informales» no solo es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, sino la constatación de una negligencia inaceptable. No fallaron los espías, ni los analistas, ni los agentes a pie de valla; falló un Gobierno paralizado, incapaz de procesar la información de sus propios servicios de inteligencia o, peor aún, indolente ante las señales de una crisis de soberanía nacional. Intentar vender ahora transparencia desclasificando los papeles que acreditan su propia inoperancia no exime de responsabilidad al Ejecutivo: solo deja constancia documental de su inutilidad para proteger España. Además, María García se pronuncia sobre el IMV de Cataluña y descubrimos la eterna promesa incumplida de la vivienda. En la mesa del análisis: Julio Ariza, José Ramón Riera, Josep María Francàs y Paco Bernabé.
Aprovechando su condición de fiscal de carrera, Sofía Puente (entonces al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y hermana del ministro Óscar Puente) firmó una instrucción a espaldas del Parlamento que desvirtuó por completo el mandato legislativo. Mediante esta orden, el Ministerio de Justicia estableció la presunción automática de exiliado para cualquiera que hubiera abandonado España entre 18 de julio de 1936 y diciembre de 1955, dispensando a los solicitantes de acreditar documentalmente persecución alguna. Ese giro de guion transformó una norma de reparación histórica en un coladero masivo. Al abrir la mano, la instrucción firmada por Puente distorsionó la voluntad de las Cortes y sumó de forma opaca cientos de miles de nuevos votantes, todo ello agravado por la práctica imposibilidad de verificar la autenticidad de las solicitudes.
El nerviosismo del ministro Bolaños deja al desnudo el propósito real de este entramado. La urgencia por acelerar las nacionalizaciones no responde a una restitución de justicia histórica, sino a la búsqueda deliberada de un impacto directo sobre las urnas. Al final, las prisas del Gobierno y las maniobras de despacho no buscaban reconectarse con la memoria, sino alterar las reglas del juego democrático e instrumentalizar el voto exterior en beneficio propio. Además, descubrimos cómo han cambiado los sondeos electorales y las últimas declaraciones del Gobierno tras la decisión del Tribunal Supremo. En la mesa del análisis: Isaac Parejo, Miguel Robledo, Julián Victoria.
Revés del Tribunal Supremo a la 'Ley de Nietos': queda paralizada su inscripción en el ceso electoral. Además, el Consejo de Ministros ha acordado desclasificar 40 informes del CNI emitidos desde el 1 de julio al 1 de agosto para dar transparencia a la gestión de la invasión de Ceuta. Ceuta, que por cierto, se personará como acusación particular en la investigación de la invasión. También, hablamos de los desastrosos resultados del informe PISA, los peores de la historia. Entrevistamos al periodista Javier Chicote para hablar del argumentario que preparan desde Moncloa; y con un General de Brigada de la Guardia Civil retirado, José Luis Gómez para analizar la gestión de la invasión a Ceuta 40 días después. En la mesa de análisis: Ignacio Basco y Josep María Francás.
Entre los detalles aportados por Martínez Sola figura una conversación telefónica de aproximadamente diez minutos mantenida el 30 de abril de 2020 desde un número oculto. En dicho diálogo, el expresidente de Plus Ultra expuso la delicada situación financiera de la empresa y la necesidad de acceder a créditos ICO. Zapatero habría respondido que su intervención resultaría de ayuda y que mantendría los contactos posteriores a través de una persona de su confianza, en referencia a Martínez Martínez. Los exdirectivos señalan que, si bien en un inicio asumieron que las gestiones carecerían de coste, posteriormente comprobaron la exigencia de la contrapartida económica, aunque afirman desconocer los pactos de reparto interno entre 'Julito' y el expresidente del Gobierno. Por su parte, el seguimiento de la trazabilidad financiera realizado por la Audiencia Nacional precisa el desglose de la comisión del 1% con 250 mil euros a Análisis Relevante. Al margen de otros 99 mil y 110 mil euros. A estas sumas abonadas a sociedades vinculadas a Martínez Martínez se suma un pago en especie valorado en 69.000 euros en billetes de avión en clase business, aceptado por el intermediario para completar el total de 530.000 euros pactados. Esta postura procesal supone un giro respecto a las comparecencias iniciales de los investigados, quienes en diciembre se acogieron a su derecho a no declarar y que, en el caso de Martínez Sola, le llevó a negar irregularidades ante la comisión de investigación del Senado en febrero. El contexto de la causa cambió el pasado 19 de mayo, fecha en la que el juez Calama imputó a Rodríguez Zapatero por la presunta dirección de una estructura de tráfico de influencias destinada a mediar ante organismos públicos. El expresidente del Gobierno, que declaró el 17 de junio para negar cualquier intervención en la concesión del préstamo y defender su inocencia, ha solicitado la nulidad del procedimiento argumentando vulneración de derechos en la obtención de pruebas p...
Las aspiraciones territoriales marroquíes no dan tregua y encuentran voz en su propio gabinete. El ministro de Obras Públicas , el homólogo de Óscar Puente, ha insistido públicamente en reclamar las ciudades autónomas, advirtiendo de que, a pesar de la buena sintonía comercial, Rabat «no retrocederá ni un solo palmo de territorio nacional». Esta línea de presión ya alcanzó su punto álgido con el titular de Asuntos Religiosos quien en presencia del rey Mohamed VI aludió abiertamente a la «liberación» de Ceuta y Melilla. Frente a esta escalada, el silencio dentro del Gobierno español ha sido la tónica general, roto únicamente por la ministra de Defensa, Margarita Robles, al proclamar durante el mes de agosto la completa españolidad de ambas plazas. Un posicionamiento firme que, paradójicamente, le ha valido duras críticas procedentes del propio ala socialista. La invasión ceutí ha destapado además una auténtica guerra de guerrillas dentro de la bancada del Gobierno. Durante más de un mes, la Moncloa ha intentado imponer una narrativa unificada ante las distintas fases del conflicto: las advertencias previas, la reacción marroquí, el despliegue fronterizo y las discusiones por el mando único. Sin embargo, los recelos internos no han dejado de crecer. Unos sectores señalan directamente a Fernando Grande-Marlaska por perder el control de su departamento; otros acusan a Robles de maniobrar para acaparar parcelas de información reservada. Pero el verdadero torpedo contra la versión oficial proviene de los tribunales. La investigación incoada por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, para depurar responsabilidades sobre la viabilidad y previsión de la entrada masiva, ha desatado el pánico en el Gobierno. La juez ordenó a la unidad investigadora de la Policía Nacional no remitir su informe ni a la Dirección General ni a la cúpula de Interior. Las conclusiones de ese documento secreto hicieron añicos el discurso de la Moncloa, obligando al propio Sánchez a admi...
Las explicaciones dadas desde la tribuna rozan el insulto a la inteligencia. Decir que las alertas previas eran "avisos rutinarios" o pretender colgar la etiqueta de "normalidad estival" a una maniobra que contó con agentes de paisano dirigiendo el flujo migratorio solo deja dos vías posibles: o el Gobierno poseía los datos y prefirió ignorarlos deliberadamente, o la desconexión con la realidad es total. En ambos escenarios, el resultado es el mismo: un Estado incapaz de hacer respetar sus fronteras. Resulta sonrojante presenciar semejante espectáculo mientras las calles de toda España se llenaban ayer de miles de ciudadanos protestando de forma masiva contra un Gobierno desbordado que ni sabe ni quiere defender las fronteras patrias. Pero la incoherencia sanchista no acaba ahí: en cuestión de cinco minutos, Sánchez ha sido capaz de acusar sin pruebas a medio mundo para moldear su relato, para inmediatamente después saltar a la defensa de Rabat alegando que no puede acusar sin "evidencias sólidas", modificando sutilmente su propio discurso previo sobre las injerencias exteriores. El informe policial señala a los gendarmes marroquíes y los coloca como las cabezas intelectuales de esa invasión. Ayer, toda España salió a la calle en defensa de Ceuta. Por otro lado, hoy, en Dando Caña, analizamos la gestión de Puente al frente de transportes. Además, desde hoy, la UE prohíbe la importación de carnes de Brasil por no cumplir con las medidas sanitarias necesarias.